La reciente reforma energética aprobada ha marcado un punto de inflexión en la política económica. El enfoque principal se centra en la soberanía de los recursos y la integración de energías renovables en la red nacional de manera eficiente.

Durante los últimos meses, el sector ha sido objeto de debates intensos sobre la participación privada. Sin embargo, el nuevo marco legal ofrece una certidumbre jurídica que ha comenzado a atraer inversiones extranjeras en parques eólicos y solares a gran escala.

Especialistas económicos coinciden en que el impacto en el PIB se verá reflejado hacia finales del próximo año, conforme los proyectos de infraestructura alcancen su fase operativa. El reto logístico es enorme, pero la voluntad política parece estar alineada con los objetivos de desarrollo sustentable.